Cualquiera que abra los ojos y mire la realidad se da cuenta de que la división de pode­res en España es una ficción. Por mi profesión sé que el poder judicial se limita a fingir independencia.

Se está produciendo un doble fenómeno extraordinariamente peligroso: De un lado, la subordinación del Estado a los grandes poderes económicos y financieros y de otro la conversión de las garantías democráticas en pura cáscara vacía y la consiguiente crea­ción de un Estado totalitario bajo apariencia democrática.

La superposición de estas dos realidades da como resultado una dictadura mundial del gran capital en la que incluso la posibilidad de pequeña discrepancia, amparada en las libertades de la Constitución, queda acallada de raíz. Esto es un proceso silencioso pero en progreso continuo.

Pocos sabréis que hace un tiempo la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional sufrió una reforma bochornosa que prácticamente reduce a cero la posibilidad de presentar un recurso de amparo. Para ello se requiere ahora acreditar la “especial relevancia constitucional” del recurso. La limitación funciona como comodín para negar el acceso de prácticamente todo recurso y esto torna en papel mojado los derechos y libertades fundamentales recogidos en la Constitución.

Pocos sabréis también de una reforma parecida del recurso de casación y que desde hace unos tres años el Tribunal Supremo prácticamente no admite nada a trámite porque en los recursos, a su juicio, siempre falta un punto, una coma o por cuestiones de cuantía (un poco complicado esto último para explicarlo aquí).

El escritor sueco Henning Mankell dice en una entrevista con la BBC que la justicia está muy relacionada con la democracia y que no habiendo justicia no puede haber democracia.

El tema es desde luego serio y a mi juicio, uno de los pilares fundamentales de la gestación de este Estado totalitario, bajo apariencia democrática, es la supresión de la independencia del poder judicial y su puesta al servicio de los partidos políticos (que a su vez están al servicio de los poderes económicos).

En España, imagino que el procedimiento para conseguir la anulación de la independencia de los jueces tiene que ver con el acceso a la carrera judicial por el tercer y el cuarto turno para juristas de reconocida solvencia, es decir, sin oposición. Pero también con el hecho de que en la práctica el Consejo General del Poder Judicial depende de los partidos políticos y viene a ser como una imagen a escala del Parlamento, lo mismo que lo es el Tribunal Constitucional.

¿No os resulta contradictoria la misma expresión Ministerio de Justicia? ¿Cómo es po­sible que uno de los tres poderes independientes del Estado (el judicial) quede incluido dentro de otro (el ejecutivo)? ¿Acaso existe un Ministerio del Parlamento? ¿Quién puede creer que los jueces, sometidos al poder ejecutivo en el seno del Ministerio de Justicia, puedan conservar la independencia respecto del propio Ministro de Justicia y el resto del Gobierno?

Para que haya una independencia real del poder judicial se necesitan, en mi opinión, las siguientes me­didas:

-Abolir el Ministerio de Justicia.

-Prohibir la afiliación política de los jueces.

-Prohibir que los jueces puedan pasar a ocupar cargos en la Administración.

-Crear una organización judicial independiente, con total capacidad de autogobierno y asignación presupuestaria autónoma.

-Prohibición del acceso a la carrera judicial por procedimientos distintos a la oposición.

-Purga (sí, he dicho bien: PURGA) de las plantillas de jueces para retirar de la circula­ción a quienes se hayan distinguido, a través de sus sentencias, por su falta de indepen­dencia respecto a la Administración.

Extracto del Breve discurso sobre el futuro del abogado © José Ortega. 

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